En este Decreto se prorrogan las medidas de protección social frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica.
Entre las medidas de dicho Decreto, en lo relativo a procedimientos de desahucio, se extiende hasta el 28 de febrero de 2022 las medidas de protección en situaciones de vulnerabilidad en materia de vivienda establecidas en el Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo y se amplia hasta esa fecha la suspensión de los procedimientos de desahucio y lanzamientos. También se extiende la posibilidad de solicitar la moratoria o condonación parcial de la deuda, cuando el arrendador sea un gran tenedor o entidad pública, y se amplia hasta el 28 de febrero de 2022 los contratos de arrendamientos de vivienda que podrán acogerse a la prórroga extraordinaria de seis meses, en las mismas condiciones del contrato en vigor, asimismo se amplía hasta el 28 de febrero de 2022 la garantía de suministro de agua, electricidad y gas natural a los consumidores vulnerables.
