Según se establece en el anteproyecto del Real Decreto por el que se modifica el Reglamento de Asistencia jurídica gratuita, los abogados y procuradores con antecedentes penales por violencia de género no podrán acceder al turno de oficio en esa especialidad, salvo que dichos antecedentes se encuentren cancelados .
En mi opinión es de sentido común , aunque no acabo de entender que esos mismos profesionales condenados, sí puedan defender y representar a una mujer que no tiene derecho a la justicia gratuita.
