Un informe del Consell de l’Advocacia Catalana defiende que sean los órganos judiciales los que determinen si un menor se encuentra o no en desamparo y decida sobre la custodia.
El objetivo es que exista mayor seguridad jurídica ya que el planteamiento actual genera indefensión las familias, puesto que actualmente es la DGAIA es la que se encarga de dicha decisión y solo se puede acudir a la vía judicial en el supuesto de impugnación de los progenitores.
